Proyecto de ley busca proteger la vivienda principal frente a embargos en Chile

Actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional el Boletín N° 18251-07, iniciativa legal que propone modificar el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil para establecer un régimen excepcional de inembargabilidad respecto de la vivienda principal del deudor y su grupo familiar

El proyecto surge en un contexto marcado por el alto nivel de endeudamiento de los hogares chilenos y la creciente preocupación por las consecuencias sociales que puede generar un juicio ejecutivo cuando termina afectando directamente la vivienda familiar. Según los antecedentes expuestos en la moción parlamentaria, una parte importante de las familias destina un porcentaje considerable de sus ingresos al pago de deudas, situación que se agrava especialmente en contextos de cesantía, enfermedades graves o vulnerabilidad económica

La iniciativa busca incorporar una protección excepcional para aquellos casos en que el embargo de la vivienda principal pueda comprometer gravemente la subsistencia del deudor y de su familia. En términos simples, el proyecto permitiría que ciertos inmuebles destinados a residencia principal no puedan ser embargados judicialmente, siempre que se cumplan requisitos estrictos y exista autorización judicial fundada.

Entre las condiciones propuestas por el proyecto se encuentran:

• Que el inmueble corresponda efectivamente a la residencia principal del deudor y su grupo familiar.
• Que el avalúo fiscal de la propiedad no supere las 4.000 UTM.
• Que el deudor no posea otros bienes raíces susceptibles de embargo.
• Que exista una situación de vulnerabilidad acreditada, como cesantía, cargas familiares, discapacidad, enfermedad grave o incapacidad laboral.
• Que un tribunal declare expresamente la inembargabilidad, previa audiencia de las partes y ponderando tanto los derechos del acreedor como la situación del deudor

Uno de los puntos relevantes del proyecto es que esta protección no sería absoluta. La propuesta establece expresamente que la inembargabilidad no podrá oponerse al acreedor hipotecario ni respecto de obligaciones directamente relacionadas con el inmueble, resguardando de esta forma el funcionamiento del sistema crediticio y las garantías hipotecarias.

Desde el punto de vista jurídico, la iniciativa intenta equilibrar dos intereses que suelen entrar en tensión en los procedimientos ejecutivos: por un lado, el derecho del acreedor a obtener el cumplimiento de una obligación; y por otro, la necesidad de proteger el denominado "mínimo vital" del deudor y su familia, especialmente cuando la ejecución forzada puede derivar en situaciones de extrema vulnerabilidad social.

Asimismo, el proyecto recoge una tendencia que ya existe en otros sistemas jurídicos comparados, donde se han establecido mecanismos especiales de protección de la vivienda familiar frente a determinadas ejecuciones civiles.

Por ahora, la iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional y aún debe ser discutida y eventualmente modificada durante su tramitación legislativa. Sin embargo, el debate jurídico y social que plantea resulta especialmente relevante considerando la realidad económica actual y el impacto que los procedimientos ejecutivos pueden tener sobre la estabilidad de las familias chilenas.