Nueva Ley Crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG): un paso hacia una gestión pública más transparente y eficiente
Con la reciente promulgación de la ley que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG), Chile da un paso importante en el fortalecimiento del control interno, la gestión de riesgos y la gobernanza dentro de los órganos de la Administración del Estado.
El SAIG se constituye como un servicio público descentralizado, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará directamente con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Su misión será ejercer labores de aseguramiento y asesoramiento en materia de auditoría interna, contribuyendo así a una administración estatal más moderna, transparente y eficiente.
Alcance y exclusiones
El ámbito de aplicación del SAIG abarca a la mayoría de los órganos de la Administración del Estado, exceptuando a la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Consejo para la Transparencia, los gobiernos regionales, las municipalidades, las empresas públicas creadas por ley y las instituciones estatales de educación superior.
Sin embargo, estas entidades podrán solicitar asesoría o colaboración del SAIG mediante convenios, los cuales deberán ser informados a la Contraloría.
Funciones principales del SAIG
El nuevo organismo tendrá entre sus principales funciones:
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Asesorar a las autoridades superiores del gobierno en materias de control interno y auditoría.
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Elaborar la Política de Auditoría General de Gobierno, con una vigencia de cinco años, que orientará la labor de las unidades de auditoría interna.
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Coordinar la Red de Auditoría Interna, integrada por las unidades de auditoría de los distintos órganos públicos.
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Proponer modificaciones normativas, establecer perfiles técnicos para auditores y desarrollar programas de capacitación.
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Ejecutar auditorías directas, de manera excepcional, por encargo del Presidente de la República, previa coordinación con la Contraloría General de la República.
Organización y estructura
La dirección del servicio estará a cargo del Auditor General de Gobierno, quien deberá contar con sólida formación y experiencia en auditoría interna.
Asimismo, se crea la Red de Auditoría Interna del Gobierno, coordinada por el SAIG, que integrará a todas las unidades de auditoría de los órganos públicos. Estas unidades deberán contar con al menos dos funcionarios técnicamente calificados, garantizando así un estándar mínimo de profesionalización.
El personal del SAIG se regirá por la Ley N° 18.834 (Estatuto Administrativo) y la Ley N° 19.882 (Sistema de Alta Dirección Pública), y estará obligado a la reserva de la información obtenida en el ejercicio de sus funciones.
Patrimonio y financiamiento
El patrimonio del SAIG estará conformado por los aportes establecidos en la Ley de Presupuestos, los bienes que adquiera, las donaciones y los recursos provenientes de cooperación internacional.
El primer presupuesto del organismo será financiado con recursos de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), pudiendo ser suplementado con fondos del Tesoro Público.
Implementación y reglamentación
La ley entrará en vigencia una vez que el servicio inicie efectivamente sus funciones. Para ello, el Presidente de la República cuenta con un plazo de un año para dictar los decretos con fuerza de ley que:
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Establezcan la planta del personal del servicio.
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Regulen el traspaso de funcionarios desde la SEGPRES al SAIG, sin afectar sus derechos ni condiciones laborales.
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Determinen la fecha de inicio de actividades del nuevo organismo.
Además, el reglamento de la ley y la primera Política de Auditoría General de Gobierno deberán dictarse dentro de un plazo de 180 días.
Conclusión
La creación del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno representa un avance institucional relevante para el fortalecimiento del control interno y la integridad pública en Chile. Este nuevo servicio busca unificar criterios, profesionalizar la función de auditoría y mejorar la rendición de cuentas dentro del Estado.
Con el SAIG, se espera una mayor transparencia en la gestión pública, una mejor detección de riesgos administrativos y financieros, y una mayor confianza ciudadana en las instituciones, pilares fundamentales para una administración moderna y eficiente.