El 11 de diciembre de 2025 se publicó la Ley N° 21.783, una normativa que busca acelerar y simplificar los trámites necesarios para alterar, ampliar, reparar o construir nuevos establecimientos penitenciarios en Chile.

Su objetivo principal es responder a la urgente necesidad de modernizar la infraestructura penitenciaria, reduciendo tiempos y eliminando burocracia innecesaria.

A continuación, te explicamos sus puntos clave de manera simple:

🏗️ 1. ¿A qué proyectos se aplica esta ley?

Solo a los proyectos de mejoras o construcción de cárceles que el Presidente de la República determine mediante un decreto supremo fundado.

⚙️ 2. Prioridad en trámites y concesiones

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) deberá dar prioridad a todos los trámites relacionados con estos proyectos.
La adjudicación de concesiones se hará mediante decreto fundado, firmado por el MOP y el Ministerio de Hacienda.

Además, el MOP podrá definir medidas de mitigación y compensación en el entorno del establecimiento fuera del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA).

⏱️ 3. Informes sociales más rápidos

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir el informe requerido.
Si no lo hace dentro del plazo, se entenderá aprobado automáticamente.

⚖️ 4. Plazos abreviados para la toma de razón

La Contraloría deberá aplicar plazos más breves, según lo establecido en la normativa de obras públicas, para revisar los actos administrativos relacionados.

🌱 5. Cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

Uno de los puntos más relevantes:

• Las obras de alteración, ampliación o reparación de cárceles quedan exentas del SEIA.

• Los nuevos establecimientos sí deben ingresar al SEIA, pero todos los plazos se reducen a la mitad.

• Si vencen los plazos sin resolución, el proyecto se considera aprobado automáticamente en los términos presentados.

• La suspensión solo podrá durar hasta 90 días, sin renovaciones.

• La aprobación ambiental solo puede invalidarse dentro de un plazo reducido en un año respecto de lo habitual.

• La participación ciudadana se restringe solo a personas o agrupaciones con interés directo, es decir:

  • Domicilio en la comuna donde se instalará la cárcel, o en comunas colindantes.

📝 6. Trámites administrativos más rápidos

Todos los permisos, autorizaciones y pronunciamientos de órganos públicos tendrán sus plazos reducidos a la mitad.

Si el órgano no responde dentro del nuevo plazo, el permiso se entiende aprobado automáticamente.

📊 7. Transparencia y seguimiento

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá informar trimestralmente al Congreso sobre el avance de estos proyectos.

Conclusión

La Ley N° 21.783 busca agilizar significativamente los procesos para mejorar la infraestructura penitenciaria del país, reduciendo trámites, plazos y exigencias ambientales o administrativas, con el fin de aumentar la capacidad y seguridad del sistema carcelario.

Es una normativa de alto impacto, especialmente por los cambios relacionados con el SEIA y los permisos sectoriales, que podrían acelerar obras que históricamente han tomado años en aprobarse.

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