La tutela cautelar anticipada de derechos en el procedimiento civil chileno
La tutela cautelar de derechos surge como una necesidad fundamental dentro del proceso judicial, permitiendo al juez desarrollar adecuadamente el juicio y resolver el conflicto conforme a derecho, evitando que el transcurso del tiempo perjudique la eficacia de la decisión definitiva. Sin embargo, no basta únicamente con el control del tiempo procesal, sino que además debe existir una situación de urgencia que justifique la intervención cautelar, garantizando así una tutela judicial efectiva y la debida protección de los derechos de las personas por parte de los tribunales de justicia.
En este contexto nace el proceso cautelar, cuyo objetivo principal consiste en asegurar que la sentencia definitiva que dicte el tribunal respecto de un derecho discutido o de un interés legítimo pueda cumplirse eficazmente y en sus propios términos. De esta manera, se evita que la sentencia se torne ilusoria debido a la imposibilidad de ejecutar lo resuelto o como consecuencia de la excesiva duración y costo de los procesos judiciales, situación que frecuentemente ocurre en nuestro sistema judicial.
En materia civil, dentro del ordenamiento jurídico chileno, la manifestación más característica de la tutela cautelar se encuentra en las denominadas medidas precautorias, reguladas en el artículo 290 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Estas medidas tienen por finalidad asegurar el resultado de la acción principal y garantizar que la sentencia definitiva pueda cumplirse de manera efectiva y satisfactoria.
Las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que actúan como instrumentos accesorios del proceso principal. Por ello, las resoluciones cautelares que recaen directamente sobre el derecho discutido buscan resguardar la eficacia práctica de la futura sentencia definitiva, permitiendo una adecuada protección de los derechos e intereses legítimos sometidos al conocimiento del tribunal.
Asimismo, las medidas cautelares reguladas en el Código de Procedimiento Civil chileno suponen, de manera indispensable, la existencia de un proceso principal en curso o próximo a iniciarse. En consecuencia, el proceso cautelar nace y se desarrolla como una herramienta accesoria destinada a garantizar la efectividad del proceso civil y de la tutela judicial efectiva.
Presupuestos para otorgar una medida cautelar en el ordenamiento jurídico procesal civil
Tradicionalmente, se ha entendido que los requisitos o presupuestos necesarios para decretar una medida cautelar son principalmente dos: el fumus boni iuris, conocido como apariencia de buen derecho, y el periculum in mora, referido al peligro en la demora del proceso judicial.
El primero de ellos exige que exista una apariencia razonable de que el derecho invocado por quien solicita la medida efectivamente podría existir. Por su parte, el peligro en la demora supone la existencia de un riesgo real de que el transcurso del tiempo durante la tramitación del juicio pueda frustrar el cumplimiento de la futura sentencia definitiva o causar un perjuicio irreparable.
Sin perjuicio de lo anterior, la doctrina procesal contemporánea ha incorporado otros presupuestos relevantes para el otorgamiento de medidas cautelares, entre los cuales destacan la proporcionalidad de la medida y la caución o contracautela.
La proporcionalidad exige que la medida cautelar sea adecuada y necesaria en relación con el derecho que se busca proteger, evitando restricciones excesivas o injustificadas. A su vez, la caución o contracautela tiene por finalidad asegurar la reparación de los eventuales perjuicios que pudiera ocasionar la medida cautelar en caso de haber sido decretada de manera improcedente.
En los párrafos siguientes se analizará cada uno de estos presupuestos, con el objeto de comprender su contenido, alcance y aplicación dentro del proceso civil chileno.
Fumus boni iuris
El fumus boni iuris equivale a la apariencia de buen derecho o apariencia jurídica, lo que implica la existencia de un derecho verosímil. En otras palabras, debe existir una probabilidad razonable de que la sentencia definitiva que resuelva el conflicto declare favorablemente el derecho reclamado por el demandante o solicitante de la medida cautelar.
En este sentido, basta con acreditar una apariencia de buen derecho, por lo que no se exige una prueba plena o definitiva, sino únicamente un juicio de probabilidad o verosimilitud respecto de la pretensión ejercida.
El proyecto del nuevo Código Procesal Civil exige acompañar antecedentes que permitan acreditar dicha apariencia de buen derecho y, además, señalar el daño jurídico que justifica el otorgamiento de la medida cautelar solicitada.
Periculum in mora
El periculum in mora corresponde al peligro derivado de la demora en la dictación de la resolución definitiva. La tardanza propia de la tramitación judicial justifica la adopción de medidas cautelares, pues el transcurso del tiempo puede tornar inútil o ineficaz la futura decisión judicial si esta se dicta demasiado tarde.
El peligro derivado de la demora procesal puede producir, entre otras consecuencias:
- La posibilidad de que desaparezcan bienes del sujeto pasivo respecto de los cuales pueda cumplirse una futura ejecución.
- La generación de perjuicios patrimoniales o jurídicos para el demandante o solicitante de la medida cautelar.
El proyecto del nuevo Código Procesal Civil regula este presupuesto exigiendo acompañar antecedentes que hagan verosímil el peligro de daño jurídico que podría ocasionarse si la medida cautelar no es concedida de manera inmediata.
Proporcionalidad
La proporcionalidad se vincula directamente con los derechos fundamentales y garantías constitucionales involucradas en el proceso civil, especialmente el derecho de propiedad y la libertad para desarrollar actividades económicas.
En consecuencia, toda limitación de derechos fundamentales mediante una medida cautelar debe ser racional, necesaria y proporcional, procurando causar al demandado el menor perjuicio posible.
En relación con las medidas precautorias, el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil señala que estas deberán limitarse únicamente a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio. La expresión "se limitarán a lo necesario" constituye una manifestación directa del principio de proporcionalidad.
Asimismo, el mismo cuerpo legal exige al demandante acompañar antecedentes que constituyan, a lo menos, presunción grave del derecho reclamado, pudiendo además el tribunal exigir caución suficiente.
Por su parte, el proyecto del nuevo Código Procesal Civil establece expresamente que las medidas cautelares deberán mantener una estricta proporcionalidad con el objeto y naturaleza de la pretensión cuya tutela se solicita, debiendo el tribunal considerar siempre la gravedad y extensión de los efectos que la medida produzca respecto del demandado.
Caución o contracautela
La legislación procesal civil suele exigir a quien solicita una medida cautelar la constitución de una caución o garantía destinada a responder por los perjuicios que eventualmente pueda sufrir la persona afectada por la medida.
En materia de medidas precautorias, el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil faculta al juez para exigir caución al solicitante. Asimismo, el artículo 299 del mismo cuerpo legal exige acompañar antecedentes que constituyan una presunción grave del derecho reclamado.
La caución también se exige respecto de las medidas prejudiciales precautorias. Esta exigencia, denominada doctrinariamente como contracautela, busca equilibrar la posición jurídica del solicitante de la medida cautelar con la de quien soporta sus efectos, considerando que este último aún no ha sido condenado dentro del proceso judicial.
El proyecto del nuevo Código Procesal Civil también contempla la posibilidad de exigir caución en los casos previstos por la ley. En particular, tratándose de medidas cautelares prejudiciales, la caución será obligatoria; mientras que respecto de las medidas solicitadas durante el procedimiento, su exigencia quedará entregada a las circunstancias del caso concreto.
Finalmente, el nuevo proyecto procesal contempla excepciones respecto de ciertas medidas cautelares nominadas vinculadas directamente a los bienes objeto del juicio.
Características de las medidas cautelares
Las medidas cautelares presentan diversas características esenciales dentro del proceso civil, entre las cuales destacan la legalidad, jurisdiccionalidad, dispositividad, instrumentalidad y provisionalidad.
Legalidad
En materia penal, solo la ley puede establecer medidas cautelares respecto de los imputados y los delitos investigados. Sin embargo, en el ámbito procesal civil existe una mayor flexibilidad, ya que el Código de Procedimiento Civil chileno admite tanto medidas precautorias expresamente reguladas como ciertas medidas innominadas o atípicas.
El artículo 298 del Código de Procedimiento Civil dispone:
"Las medidas de que trata este Título se limitarán a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio; y para decretarlas deberá el demandante acompañar comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. Podrá también el tribunal, cuando lo estime necesario y no tratándose de medidas expresamente autorizadas por la ley, exigir caución al actor para responder de los perjuicios que se originen."
De esta forma, el ordenamiento jurídico chileno reconoce indirectamente la posibilidad de decretar medidas cautelares innominadas, las cuales han sido desarrolladas principalmente por la práctica forense y la jurisprudencia.
Jurisdiccionalidad
La jurisdiccionalidad de las medidas cautelares se encuentra estrechamente vinculada con la potestad jurisdiccional consagrada en el artículo 76 de la Constitución Política de la República.
Ello obedece a que la función jurisdiccional, dentro de un Estado de Derecho, tiene por finalidad velar por la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas, lo cual se materializa precisamente a través del proceso judicial y de las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia.
Dispositividad
La dispositividad implica que las medidas cautelares y las medidas prejudiciales precautorias solo pueden ser decretadas a petición de parte interesada, en conformidad al principio de pasividad que rige el proceso civil chileno.
Por consiguiente, como regla general, la tutela cautelar no opera de oficio por parte del tribunal civil, sino únicamente a solicitud de quien tenga interés legítimo en su otorgamiento, situación distinta a la que ocurre en otras áreas del derecho, como el derecho de familia.
Instrumentalidad
La instrumentalidad alude a que las medidas cautelares constituyen mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento eficaz de la sentencia definitiva una vez que esta quede firme y ejecutoriada.
En consecuencia, las medidas cautelares carecen de autonomía sustantiva, pues dependen directamente del proceso principal. Si la sentencia definitiva acoge la demanda, la medida habrá cumplido su finalidad; en cambio, si la acción es rechazada, la medida cautelar pierde su justificación y eficacia procesal.
Por ello, puede afirmarse que las medidas cautelares son instrumentos subordinados al ejercicio de la función jurisdiccional.
Provisionalidad
Las medidas cautelares son esencialmente provisionales y no pueden mantenerse indefinidamente en el tiempo.
El propio artículo 301 del Código de Procedimiento Civil dispone:
"Todas estas medidas son esencialmente provisionales. En consecuencia, deberán hacerse cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorguen cauciones suficientes."
En consecuencia, las medidas cautelares subsisten únicamente mientras persistan las circunstancias que justificaron su otorgamiento, debiendo cesar cuando desaparezca el peligro que pretendían evitar o cuando existan garantías suficientes que hagan innecesaria su mantención.
Conclusión
La tutela cautelar de derechos constituye una institución fundamental dentro del procedimiento civil chileno, pues permite garantizar la eficacia práctica de la función jurisdiccional y evitar que la demora propia de los procesos judiciales torne ilusoria la protección de los derechos reclamados por las partes.
Las medidas cautelares operan como instrumentos accesorios destinados a asegurar el cumplimiento de la sentencia definitiva, encontrándose sujetas a diversos presupuestos y principios, tales como la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora, la proporcionalidad y la caución.
En definitiva, la tutela cautelar representa una manifestación concreta del derecho a la tutela judicial efectiva, equilibrando adecuadamente la protección urgente de los derechos del solicitante con las garantías procesales y patrimoniales de la parte afectada por la medida.