La Ley N.º 21.805 y el reconocimiento del derecho al cuidado en Chile
En febrero de 2026 se publicó en Chile la Ley N.º 21.805, que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC). Esta normativa constituye un avance significativo en materia de protección social, al establecer por primera vez un marco jurídico destinado a garantizar el derecho de todas las personas a cuidar, ser cuidadas y ejercer el autocuidado. La ley busca responder a una realidad demográfica y social cada vez más evidente: el aumento de personas en situación de dependencia y la necesidad de reconocer y apoyar el trabajo de quienes realizan labores de cuidado.
El objeto principal de la ley es reconocer el derecho al cuidado como un derecho social que comprende tres dimensiones fundamentales: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado. Este derecho se garantiza de manera progresiva a las personas que, debido a su edad, discapacidad o estado de salud, requieren asistencia para realizar actividades básicas de la vida diaria. Asimismo, la normativa reconoce como titulares del sistema a las personas cuidadoras, ya sean remuneradas o no.
Para materializar este derecho, la ley crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, concebido como un modelo de coordinación intersectorial entre distintos órganos del Estado y actores sociales. Su objetivo es promover la autonomía de las personas, prevenir la dependencia y asegurar el acceso a servicios de apoyo y cuidado en condiciones de igualdad, dignidad y respeto por los derechos fundamentales.
Entre los beneficiarios del sistema se identifican diversos grupos prioritarios. En primer lugar, las personas con dependencia funcional, moderada o severa, que requieren apoyo para realizar actividades cotidianas. Asimismo, son titulares del sistema los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes desempeñan labores de cuidado. En este último caso, la ley reconoce expresamente tanto a los cuidadores remunerados como a los cuidadores informales o familiares, quienes históricamente han asumido esta responsabilidad sin reconocimiento jurídico ni apoyo institucional.
Un elemento especialmente relevante de esta ley es el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados como una actividad con valor social y económico. Tradicionalmente, estas labores han sido desarrolladas principalmente por mujeres dentro del ámbito familiar, lo que ha generado importantes desigualdades en términos de carga laboral, acceso al empleo y bienestar personal. La ley busca corregir esta situación mediante la promoción de políticas de corresponsabilidad social y de género en la distribución de las tareas de cuidado.
En cuanto a su estructura institucional, la normativa establece una organización compleja destinada a garantizar la coordinación entre distintos organismos públicos. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendrá un rol central en la planificación, coordinación y supervisión del sistema, a través de la Secretaría de Apoyos y Cuidados, encargada de diseñar políticas, monitorear su implementación y coordinar los programas asociados al sistema.
A nivel regional, la ley dispone la creación de Comités Regionales de Apoyos y Cuidados, cuya función principal será coordinar la oferta programática existente en cada territorio. Asimismo, se establecen Consejos Regionales de la Sociedad Civil para los Apoyos y Cuidados, integrados por representantes de organizaciones de personas cuidadoras, asociaciones de personas mayores, organizaciones de discapacidad y representantes del mundo académico. Estos órganos tendrán un carácter
La ley también contempla la creación de un Sistema de Gestión de Información de Apoyos y Cuidados, que permitirá recopilar datos sobre beneficiarios, cuidadores y prestadores de servicios. Este sistema busca mejorar la asignación de recursos, monitorear las prestaciones y facilitar la coordinación entre las distintas instituciones involucradas en el funcionamiento del sistema.
Análisis jurídico desde la perspectiva del derecho de familia
Desde el punto de vista del derecho de familia, esta ley representa un cambio significativo en la forma en que el ordenamiento jurídico chileno reconoce las relaciones de cuidado dentro del núcleo familiar. Tradicionalmente, el sistema jurídico ha considerado el cuidado como una obligación moral o familiar, especialmente en el caso de los padres respecto de sus hijos, o de los hijos respecto de sus padres mayores. Sin embargo, esta ley introduce una perspectiva distinta al reconocer el cuidado como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado y no exclusivamente por las familias.
Este cambio normativo implica que las labores de cuidado dejan de ser consideradas únicamente como una responsabilidad privada para convertirse en una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia, la comunidad y el mercado. En términos jurídicos, esto refuerza el principio de corresponsabilidad social y abre la puerta a nuevas políticas públicas orientadas a apoyar a quienes realizan estas labores.
Asimismo, la ley reconoce expresamente el rol de las personas cuidadoras, lo que puede tener implicancias relevantes en materias vinculadas al derecho de familia, como por ejemplo en la regulación de los deberes de alimentos, la protección de personas mayores o la determinación de medidas de apoyo para personas con discapacidad o dependencia.
Implicancias jurídicas para cuidadores y familias
La implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados puede generar diversas implicancias jurídicas para las familias y las personas cuidadoras. En primer lugar, el reconocimiento legal del trabajo de cuidado no remunerado permite visibilizar una realidad que durante décadas ha permanecido invisibilizada dentro del derecho.
En segundo lugar, la creación de programas de apoyo, capacitación y servicios de respiro para cuidadores puede contribuir a reducir la sobrecarga física y emocional que muchas personas enfrentan al cuidar a familiares en situación de dependencia. Esto resulta especialmente relevante en casos de cuidado prolongado de adultos mayores, personas con discapacidad o enfermos crónicos.
Por otra parte, el reconocimiento de los cuidadores como titulares de derechos dentro del sistema podría influir en el desarrollo futuro de políticas públicas relacionadas con la protección laboral, la seguridad social y el acceso a prestaciones estatales. Asimismo, el sistema permitirá identificar formalmente a los cuidadores y a las personas dependientes mediante registros administrativos, lo que facilitará el acceso a programas de apoyo y servicios especializados.
Desde la perspectiva de las familias, esta ley también refuerza el principio de interés superior de las personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y comunitarios para garantizar una atención integral.
Conclusión
La Ley N.º 21.805 marca un hito relevante en la evolución del sistema de protección social en Chile, al reconocer jurídicamente el derecho al cuidado y establecer un sistema institucional destinado a garantizarlo. Su implementación progresiva plantea importantes desafíos administrativos y presupuestarios, pero al mismo tiempo representa una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más justa, en la que el cuidado deje de ser una carga invisible asumida únicamente por las familias y se convierta en una responsabilidad compartida.
Desde el punto de vista jurídico, esta ley abre nuevas discusiones sobre la forma en que el derecho regula las relaciones de cuidado dentro de la familia y sobre el rol del Estado en la protección de las personas en situación de dependencia y de quienes las cuidan.