La Corte Suprema advierte complejidades en el proyecto de ley sobre gestación por subrogación altruista
El 29 de septiembre de 2026, mediante el Oficio N° 263-2026, la Corte Suprema remitió al Senado su informe sobre el proyecto de ley que "Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de regular la gestación por subrogación altruista" (Boletín N° 18.546-34). La iniciativa, originada en una moción parlamentaria, se encuentra actualmente en primer trámite constitucional y sin urgencia asignada.
El proyecto busca regular, por primera vez en Chile, la gestación por subrogación gestacional y altruista como técnica de reproducción humana asistida, una realidad médica y social que hoy carece de marco legal. Entre sus principales contenidos, establece los principios y requisitos del procedimiento, el contenido mínimo del acuerdo de gestación, un catálogo de derechos para la persona gestante, la prohibición de toda remuneración o intermediación lucrativa, y reglas especiales de filiación fundadas en la voluntad procreacional. En este punto, propone que la filiación se atribuya desde el nacimiento a las personas requirentes, con independencia del origen de los gametos, y que la gestante no adquiera filiación por el hecho del parto. Para ello, sustituye el artículo 182 del Código Civil e incorpora un nuevo artículo 31 bis a la Ley N° 4.808 sobre Registro Civil.
El eje del diseño institucional es un procedimiento de autorización judicial previa ante el juez de familia del domicilio de la persona gestante. La solicitud debe ser conjunta, reservada y presentada antes de toda transferencia embrionaria, y el tribunal debe oír por separado a la gestante y a los requirentes, revisar los informes médicos y psicosociales, el proyecto de acuerdo, el plan de gastos y reembolsos y el seguro correspondiente, entre otros antecedentes. Solo podrá autorizar el procedimiento si adquiere convicción de que los consentimientos son libres e informados, de que se cumplen los requisitos legales y de que el acuerdo protege adecuadamente a la gestante y al niño o niña.
En su informe, la Corte Suprema advirtió que el proyecto no delimita con suficiente precisión la naturaleza y extensión de la función que se encomienda a la judicatura. No queda claro si el tribunal debe ejercer un control predominantemente formal de legalidad o una apreciación sustantiva de las condiciones del procedimiento, indefinición que resulta especialmente problemática considerando que circunstancias como la ausencia de explotación económica o la vulnerabilidad de la gestante difícilmente pueden constatarse mediante un examen documental o una audiencia previa.
El máximo tribunal observó también que la amplia lista de gastos reembolsables que permite el proyecto, que incluye traslados, alimentación suplementaria, vestuario prenatal, cuidado de hijos y pérdida de ingresos laborales, podría hacer muy tenue la línea entre una compensación legítima y un incentivo económico encubierto. Agregó que, si bien se excluye como gestante a quien tenga una relación de dependencia con los requirentes, la ley no entrega criterios para determinar cuándo la necesidad económica general de una persona puede haber condicionado decisivamente su consentimiento.
Otro reparo relevante dice relación con la oportunidad de la intervención judicial. La autorización se pronuncia sobre las circunstancias existentes antes de la transferencia embrionaria, pero el proyecto no contempla mecanismos de seguimiento durante el embarazo, el parto y el puerperio, etapas en que pueden surgir conflictos entre la autonomía corporal de la gestante y las expectativas de los requirentes, cuya voluntad procreacional pasa a ser irrevocable, o bien manifestarse contraprestaciones económicas disimuladas.
Finalmente, la Corte cuestionó si la verificación de requisitos de carácter predominantemente médico, psicosocial, económico y documental no correspondería más bien a un órgano administrativo especializado, recordando que en el derecho comparado existen modelos diversos: mientras Grecia y Sudáfrica exigen autorización judicial previa, Portugal entrega esa función a un consejo técnico, y el Reino Unido y Nueva Gales del Sur intervienen judicialmente solo después del nacimiento. Por estas razones, sugirió repensar el diseño propuesto y previno que, de mantenerse la competencia en los tribunales de familia, será indispensable dotarlos de recursos humanos y financieros adicionales, considerando que esa judicatura opera desde hace años al límite de sus capacidades.
En Lepimán Abogados seguiremos atentamente la tramitación de este proyecto, que de aprobarse introduciría cambios relevantes en materia de filiación y derecho de familia.