El Estado endurece el control del agua: Todo sobre la modernización del régimen sancionatorio sanitario
El agua potable y el alcantarillado son servicios esenciales para la vida cotidiana de millones de chilenos. Sin embargo, hasta hace poco, el marco legal que regulaba las sanciones ante incumplimientos en su prestación resultaba insuficiente y poco claro. La Ley N° 21.814 viene a cambiar es
Esta nueva normativa moderniza el régimen sancionatorio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), introduciendo modificaciones tanto a la Ley N° 18.902 como al DFL N° 382 de 1988, conocido como la Ley General de Servicios Sanitarios. Su objetivo es concreto y ambicioso: fortalecer las facultades de fiscalización y sanción del organismo regulador, estableciendo reglas más claras y rigurosas para enfrentar los incumplimientos que afectan la continuidad, calidad y seguridad de estos servicios.
Un sistema de infracciones ordenado y proporcional
Una de las principales novedades de la ley es la clasificación de las infracciones en tres categorías, incorporadas mediante los nuevos artículos 11 A, 11 B y 11 C a la Ley N° 18.902:
Las infracciones gravísimas son aquellas que afectan directamente la salud de la población o comprometen por períodos prolongados la continuidad de los servicios sanitarios. Las infracciones graves comprenden incumplimientos que deterioran la calidad del servicio, dañan la infraestructura sanitaria o implican la entrega de información falsa o incompleta. Por su parte, las infracciones leves abarcan deficiencias en la atención de usuarios, cobros indebidos o el incumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia.
Las sanciones van desde una simple amonestación escrita hasta multas que pueden alcanzar las 10.000 unidades tributarias anuales, dependiendo de la gravedad de la conducta infractora.
Atenuantes, agravantes y planes de cumplimiento
La ley también incorpora criterios para graduar las sanciones. Serán consideradas circunstancias atenuantes la colaboración oportuna del infractor con la autoridad o la autodenuncia de la infracción. En cambio, la reincidencia o el carácter continuado del incumplimiento operarán como agravantes al momento de determinar la multa.
Adicionalmente, se establece la posibilidad de presentar planes de cumplimiento para subsanar infracciones graves o leves, mecanismo que permite suspender el procedimiento sancionatorio mientras se ejecutan las medidas comprometidas. Importante excepción: este beneficio no aplica cuando la infracción implique un riesgo para la salud de la población.
Nuevas facultades y acceso a la justicia
La Superintendencia de Servicios Sanitarios obtiene con esta ley una herramienta relevante: la facultad de ordenar la clausura de establecimientos que generen residuos industriales líquidos capaces de afectar el funcionamiento de los servicios sanitarios.
En materia de impugnación, la ley regula el procedimiento de reclamación judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con posibilidad de apelar ante la Corte Suprema, garantizando así el derecho a la tutela judicial efectiva de los sancionados.
Modificaciones a la Ley General de Servicios Sanitarios
Finalmente, la norma introduce cambios en la Ley General de Servicios Sanitarios, agregando requisitos adicionales para concesiones vinculadas a proyectos turísticos e inmobiliarios, y estableciendo nuevas obligaciones en materia de factibilidad de servicios dentro de áreas aledañas a territorios operacionales concesionados.
En definitiva, la Ley 21.814 representa un avance significativo hacia un sistema sanitario más transparente, responsable y protector de los derechos de los usuarios. Un paso necesario que Chile debía dar.