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Corte Suprema informa proyecto de ley que agrava las sanciones por entregar o exhibir material pornográfico a menores de 14 años

16.11.2026

La Corte Suprema envió al Senado su informe sobre el proyecto de ley que "Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de agravar las sanciones en el caso de entrega o exhibición de material pornográfico e inadecuado a menores de catorce años" (Boletín N° 18.442-07). El proyecto se inició por moción parlamentaria y hoy está en primer trámite constitucional, sin urgencia. El Pleno de la Corte lo analizó en su sesión del 9 de noviembre de 2026 y despachó el informe a la presidencia del Senado al día siguiente, mediante el Oficio N° 312-2026.

El proyecto se funda en el interés superior del niño. Sus autores sostienen que la ley penal chilena no tiene una definición actualizada de pornografía, y que por eso quedan fuera las representaciones escritas y el contenido creado digitalmente o con inteligencia artificial. Para cubrir ese vacío, propone reemplazar el artículo 366 quáter del Código Penal. La nueva redacción sanciona la exhibición o entrega de material pornográfico a menores de 14 años "independiente de la motivación del autor". Así se elimina la exigencia actual de que la conducta busque la excitación sexual propia o de otro. El proyecto también define material pornográfico de forma amplia, incluyendo el creado por sistemas informáticos e inteligencia artificial. Deja fuera los contenidos educativos, sanitarios, científicos, terapéuticos, judiciales o de prevención que sean adecuados a la edad y desarrollo del menor. Además, crea un nuevo artículo 366 quinquies sobre el que pida o induzca a un menor a enviar imágenes de connotación sexual y sobre el contacto con fines sexuales (grooming). Por último, amplía la agravante: hoy solo aplica cuando el autor falsea su identidad o edad, y con el proyecto aplicaría cuando falsee cualquier antecedente relevante para ganarse la confianza de la víctima.

En el ámbito procesal, el proyecto modifica el Código Procesal Penal en tres puntos. Obliga a condenar en costas a quien sea condenado por estos delitos, sin posibilidad de eximirlo. Detalla qué rubros forman parte del daño indemnizable en la acción civil cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes. Y agrega a los derechos de la víctima el de cobrar los gastos médicos, psicológicos, psiquiátricos y terapéuticos que sean consecuencia directa del delito.

La Corte Suprema hizo cuatro observaciones. Primero, advirtió que "una de las modificaciones propuestas al Código Penal, podría generar dificultades interpretativas en los tribunales de justicia con competencia penal, toda vez que se busca regular una misma conducta en dos incisos distintos del mismo precepto legal". Esto se debe a que los dos primeros incisos del nuevo artículo 366 quáter sancionan la misma conducta de exhibir material pornográfico a un menor de 14 años, sin aclarar en qué se diferencian.

Segundo, sobre las costas, la Corte explicó que la legislación suele imponerlas de forma obligatoria para cambiar la conducta del litigante, hacer más eficientes los procedimientos o evitar el abuso procesal. La propuesta, en cambio, busca proteger a las víctimas de estos delitos específicos, y con eso modifica estructuralmente la regulación de las costas en nuestro ordenamiento. La Corte agregó que, si el objetivo es proteger mejor a la víctima, no es coherente limitar esta regla solo a estos delitos.

Tercero, la Corte señaló que el proyecto "da a entender que determinados rubros indemnizatorios no forman parte, en la actualidad, del daño patrimonial resarcible, lo que es incorrecto y puede dar lugar a confusiones a la hora de aplicar el derecho". Cuarto, recogió las observaciones de la Corporación Administrativa del Poder Judicial: la reforma tendría impactos relevantes en el presupuesto y en la carga de trabajo, especialmente de los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal y los juzgados de letras con competencia penal. Según la Corte, estos impactos deben considerarse para que la implementación sea adecuada, eficiente y sostenible.

El informe de la Corte Suprema no es vinculante, pero suele pesar en la discusión parlamentaria. Habrá que ver si el Senado corrige los problemas de técnica legislativa que la Corte detectó, sobre todo la doble regulación de una misma conducta, que podría terminar debilitando la protección que el proyecto busca reforzar.

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