¿Se eliminarán los indultos presidenciales en Chile? Análisis de los nuevos proyectos de reforma constitucional
En los últimos meses se han presentado diversas iniciativas legislativas que buscan modificar la Constitución Política de la República con el objetivo de suprimir la facultad del Presidente de la República para otorgar indultos particulares. Estas propuestas reabren un debate jurídico e institucional relevante sobre el alcance de las atribuciones del Poder Ejecutivo y su relación con el sistema de justicia penal.
Actualmente, la Constitución reconoce expresamente esta facultad presidencial en el artículo 32 N°14, permitiendo al Presidente conceder indultos en los casos y formas que determine la ley. Sin embargo, los proyectos analizados sostienen que esta atribución constituye una excepción dentro del sistema republicano, en cuanto permite a una autoridad política intervenir en el cumplimiento de penas impuestas por sentencia judicial firme .
Desde una perspectiva constitucional, uno de los principales fundamentos de estas iniciativas es la necesidad de reforzar el principio de separación de poderes. Se argumenta que el indulto particular introduce un elemento de discrecionalidad política en un ámbito que debería estar reservado exclusivamente a los tribunales de justicia, debilitando así la coherencia del sistema penal y la igualdad ante la ley .
Asimismo, se cuestiona la naturaleza jurídica del indulto, calificándolo como una institución de origen histórico vinculada a sistemas monárquicos, donde el poder de perdonar se concentraba en una sola autoridad. En este sentido, se plantea que su mantención en un Estado democrático moderno resulta difícil de justificar, especialmente considerando que su ejercicio no está sujeto a controles efectivos ni a una revisión judicial de fondo .
Otro aspecto relevante es el riesgo de discrecionalidad e inequidad. Los proyectos advierten que dos personas condenadas por hechos similares podrían recibir un trato distinto no por decisión judicial, sino por una determinación política excepcional. Esto podría afectar la confianza pública en el sistema de justicia y generar percepciones de arbitrariedad en la aplicación de las penas .
En la misma línea, se sostiene que el ordenamiento jurídico chileno ya contempla mecanismos alternativos suficientes para abordar situaciones excepcionales, como la revisión judicial de sentencias o beneficios intrapenitenciarios. Por ello, la eliminación del indulto particular no implicaría un vacío normativo, sino más bien una reorganización institucional que refuerce el rol de los tribunales .
Las propuestas de reforma coinciden en que la solución no pasa por restringir el uso del indulto o establecer mayores controles, sino por suprimir completamente esta facultad. En concreto, plantean eliminar el numeral 14 del artículo 32 de la Constitución, trasladando cualquier forma de clemencia a mecanismos legales de carácter general, como las amnistías o indultos generales aprobados por el Congreso.
En definitiva, el debate sobre los indultos presidenciales pone en tensión principios fundamentales del derecho público, como la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la legitimidad de las decisiones judiciales. La eventual aprobación de estas reformas implicaría un cambio significativo en el diseño institucional chileno, avanzando hacia un modelo más restrictivo en cuanto a la intervención del poder político en materias penales.